¿Justicia en el poscorreísmo?

15/08/2017
Ramiro García Falconí

Sin lugar a dudas la década de gobierno de Rafael Correa pasará a la historia. Nadie con un mínimo nivel de rigurosidad podrá explicar el Ecuador del siglo XXI, pasando por alto los diez años de correísmo y con un poco más de prolijidad, las diferentes etapas de este. El joven outsider que con carisma y un discurso antisistema logró poner contra las cuerdas a partidos políticos y poderes fácticos y posicionar en el centro del debate temas como género y diversidad que tradicionalmente habían sido soslayados por los actores de opinión de aquel entonces. Los autoritarismos se hicieron evidentes desde un principio, recordemos que en medio del fervor constituyente se votó un mandato (el número 13) por el cual se prohibió que un grupo de ecuatorianos (los hermanos Isaías) puedan presentar acciones constitucionales en contra de las decisiones que administrativamente se tomaron contra ellos. Este tema mereció incluso un dictamen contra el Ecuador del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. “A grandes males, grandes remedios”, se decía en los pasillos de Montecristi, mientras algunos tradicionales defensores de derechos miraban a otro lado y se hacían los cojudos, por miedo a ser “políticamente incorrectos” y a que se los trate de asalariados de los hermanos banqueros.

Esta impronta autoritaria fue in crescendo, como sucede siempre que el poder se desborda y rompe todo sistema de pesos y contrapesos en el Estado. El Tribunal Supremo Electoral, bajo la dirección de Jorge Acosta, destituyó a 70 diputados y se principalizaron sus alternos, conformándose el denominado “Congreso de los Manteles”, sin duda alguna, uno de los episodios más vergonzosos de la historia ecuatoriana reciente. A los jueces del entonces Tribunal Constitucional les sacaron a golpes unos cuantos días después, sin que muchos de los que hoy se rasgan las vestiduras ante los desafueros del correísmo digan absolutamente nada. “El fin justifica los medios” pensarían seguramente aquellos que avizoraban la posibilidad de ocupar algún espacio de poder en este nuevo Estado, que se construía sobre la base de negar todo valor al pasado y que prefirieron el silencio y el acomodo antes que defender la institucionalidad rota. ¿Por qué defender jueces de la partidocracia, si podemos patearles y poner a otros en su lugar? ¿Qué dijeron entonces las facultades de derecho y los gremios de abogados? Todos hicieron mutis y el remedio fue mucho más nefasto que la enfermedad. Diez años después tenemos una Corte Constitucional de la que no podemos hablar sin sentir una mezcla de risa y vergüenza.

Lo que vino después fue mucho peor. Un Consejo de la Judicatura de transición que se comió toda forma de independencia judicial, en medio de serias denuncias de corrupción y luego el Consejo presidido por Gustavo Jalkh, que completó tan funesta labor, al punto que hoy, cualquier atisbo de imparcialidad o apego al derecho de nuestros jueces, lo tomamos como un avance. Como juristas nos sentimos avergonzados de la justicia que tenemos y obviamente de la sumisión mostrada por sus operadores. Excepciones hay, por supuesto, pero en su gran mayoría nuestros juzgadores estaban más pendientes de conservar sus puestos y salarios, que de aplicar el derecho. “Tengo familia, mi doctor” repetían llorosos, cuando trataban de explicar alguna decisión judicial estúpida desde las necesidades del estómago, mientras los derechos de todos se pisotearon hasta lo indecible. Esos mismos jueces serán los que ahora sentencien con suma dureza a los exfuncionarios de Gobierno, pues no hay nada más severo que un esclavo juzgando a su anterior amo. El presidente Moreno ha ofrecido una “cirugía mayor” contra la corrupción, creo que sus asesores deberían decirle que esto no es posible sin un cambio estructural en la justicia. Los jueces son producto de la sociedad, pues no los escogemos ni en conventos de clausura, ni en centros de reclusión. Provienen de las mismas facultades de derecho que todos nosotros y no son más que la expresión de los valores sociales. El problema, por tanto, no son los jueces en lo individual, sino un sistema que los bastardiza. La solución no vendrá entonces por la vía de sacar a los que están para poner a otros, sino asegurarse de que se deconstruya un sistema miserable de vasallaje, que los convierte en siervos de la gleba del primer señor feudal que gane unas elecciones.

Que exista un poscorreísmo depende de dos factores fundamentales: cambio en el modelo económico y en la estructura de la administración de justicia. Mientras eso no suceda, cualquier modificación será cosmética y no afectará a esa estructura montada en diez años sobre una base de autoritarismo y vulneración de derechos. La pelota está en la cancha de Lenín Moreno y por el bien del país esperamos que pueda enfrentar el reto. 

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