23/02/2017
Por: Gustavo Izurieta
Encuentro bastante preocupante que gran parte de la opinión pública en el Ecuador todavía no pueda comprender la diferencia entre un sistema de capitalismo de libre mercado y uno mercantilista (al que también podemos denominar capitalismo de estado, socialismo empresarial, estatismo para ricos, rentismo o corporativismo). Esto reduciría notablemente una serie de ataques infundados desde diversos sectores políticos e intelectuales hacia la actividad empresarial y el dinamismo que esta genera. Los empresarios de verdad, quienes hacen dinero en mercados abiertos y competitivos, tienen más que merecida su riqueza bien habida. No se podría decir lo mismo de aquellos empresarios mercantilistas (o empresaurios, como a los amigos de la libertad nos gusta identificarlos) que basan sus ganancias en toda clase de privilegios estatales. En realidad, ellos no merecen la menor admiración.
Por lo general, los ataques hacia la generación de riqueza tienen un argumento estrella: la desigualdad entre ricos y pobres. La realidad es que todas las sociedades son desiguales, incluso aquellas donde los políticos en el poder han prometido el paraíso en la tierra. Aquí cabe hacer una importante aclaración. Lo que realmente importa es la fuente de aquella desigualdad. Entonces, es válido cuestionarse: ¿Acaso los ricos prosperan por que se han dedicado saquear a los demás, como suele darse en las relaciones de clientelismo político? O por el contrario, ¿Prosperan en base a resolver las necesidades de sus consumidores en un ambiente competitivo? ¿Está la sociedad ecuatoriana lo suficientemente abierta al talento y a las nuevas ideas? ¿Se está impulsando en nuestro país la movilidad social? ¿Podría darse lugar a un escenario en donde una pequeña élite política y empresarial controla el poder tras bastidores para impedir la generación de nuevas fortunas?
Que la desigualdad sea un aspecto positivo o negativo depende en gran medida de generar respuestas claras y contundentes a estas preguntas. Desde luego, enfocaría de manera más productiva el debate sobre este tema. Básicamente, existen 2 formas en las cuales las empresas y la inversión pueden ganar dinero de manera legal. La primera forma es produciendo bienes y servicios que la gente desee, capaces de solucionar problemas concretos. Así mismo, invirtiendo capital en proyectos exitosos que propicien el crecimiento económico, la generación de empleo, a la vez que aumentan el nivel de vida y contribuyen a generar desarrollo en las comunidades donde operan.
Esto es lo que individuos como Bill Gates, Jeff Bezos o Amancio Ortega han logrado y su inmensa riqueza no es más que el premio a su esfuerzo y a su visión empresarial. Necesitamos con urgencia que el Ecuador sea capaz de parir (y atraer) a empresarios como estos, además de darles todos los incentivos necesarios para que puedan sobresalir todo lo que sea posible.
La mayoría de los comerciantes y emprendedores ecuatorianos encajan en esta categoría. La segunda forma en la que las empresas y la inversión privada pueden ganar dinero es consiguiendo que el gobierno (a nivel local o nacional) amañe el mercado a su favor, levantando barreras a potenciales nuevos competidores, otorgándoles crédito barato o traficando influencias que les aseguren lucrativos contratos y otros privilegios. Desde luego, estas ganancias no son el resultado de la creación de valor.
Más que contribuir al crecimiento económico, esto es más bien una captura de rentas estatales. Es imperativo recordar que la historia política y económica del Ecuador (pero también de América Latina) está plagada de ejemplos de este tipo. La tragedia de nuestro país radica en la carencia de relaciones basadas en el libre intercambio y en la confianza, dando lugar a que se pondere en sumo grado la cercanía con los políticos y funcionarios de turno. Esto explica que a lo largo de nuestra historia, pero especialmente durante los últimos 10 años (donde el país ha vivido la mayor bonanza petrolera de todos los tiempos) hemos sido testigos impávidos de las inmensas fortunas acumuladas por los amigos y allegados del poder político.
Así como también de abogados, lobbistas, contratistas y toda clase de individuos que obtienen ingresos en base a sus relaciones políticas. Una ciudad como Quito, al ser sede del centralismo estatal, cobra fundamental importancia en este contexto. Precisamente allí es donde se asientan toda clase de entidades variopintas que han gozado de abundantes presupuestos durante la última década y que se han constituido como un imán de captura de rentas por toda clase de empresarios mercantilistas.
¿Qué pasaría si las empresas estatales fuesen privatizadas a través de la bolsa de valores? ¿Qué ocurriría si las barreras a la competencia de las que actualmente gozan varias empresas allegadas al gobierno fuesen derribadas? ¿Qué país tendríamos si se desatara la libre competencia empresarial sin ningún tipo de subsidios y ayudas por parte del poder político? De lo que puedo estar seguro, es que muchas empresas tendrían que reinventarse, pues sus beneficios ya no estarían enormemente influenciados por su cercanía con los políticos.
Lastimosamente, algunas de las soluciones propuestas tanto por la izquierda moderada como por la derecha tradicional en el Ecuador, apuntan en mayor o menor medida a fortalecer a un régimen centralista, rentista y estatista (por lo tanto, profundamente paternalista), dándole más poder a las estructuras empresariales ya constituidas y poniéndole el camino todavía más complicado a miles de emprendedores deseosos de trascender. Propuestas como el incremento del salario mínimo acaban siendo bien recibidas por las grandes cadenas comerciales, puesto que atacan directamente a las empresas pequeñas y medianas. Para una empresa de gran envergadura es muy sencillo contar con un departamento de asuntos públicos que se encargue de gestionar las relaciones con el gobierno y cumplir con todas las regulaciones que sean necesarias para continuar con sus operaciones.
Afortunadamente, existe una formula sencilla para resolver esta problemática, la cual no pasa por satanizar la riqueza o promover la envidia y el resentimiento social. La solución es promover la competencia, derribar las barreras de entrada, desatar la libertad de elección del consumidor y eliminar políticas proteccionistas con la finalidad de asegurarnos que si un empresario o un inversionista van a ganar dinero, esto sea la consecuencia de servir a sus clientes, descubrir nuevas oportunidades o de invertir capital con eficiencia. Si los ecuatorianos queremos progresar en serio, es necesario que empecemos a rechazar al mercantilismo y a su vez, abracemos con fuerza a una economía dinámica, abierta, competitiva e integrada al mundo.
