PREGUNTAS PARA UN DEBATE PDF Print E-mail
Written by Fabi?n Corral B. - El Comercio   
Friday, 22 June 2007 17:19
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Llegó la hora de aterrizar las propuestas y de centrar el debate. Es el momento de decirnos a los ciudadanos cuál es la propuesta de país, de sociedad y de economía que se expresará en la nueva Constitución.

¿En qué están pensando los candidatos y el Gobierno, más allá de la mención, bastante literaria y nada específica por cierto, del famoso socialismo del siglo XXI. Sería inaceptable que la campaña para elegir asambleístas siga las prácticas de despiste, la demagogia y la mentira que han caracterizado a la vida política de los últimos años, y que el 30 de septiembre nominemos un conjunto de personajes que no han dicho lo que creen ni confesado lo que piensan o, lo que sería peor, que escondan sus propuestas, sus proyectos o sus consignas, y que a último momento aparezca la ‘plancha constitucional’ sobre la que se pretenda ‘legislar’ sin que la comunidad sepa sus verdaderos contenidos, alcances y consecuencias. Los ciudadanos tenemos derecho a que se nos explique, punto por punto, lo que quieren hacer en todos los órdenes de la vida pública.

Esta columna propone preguntas, y temas que necesitan respuestas concretas de los candidatos. Veremos lo que contestan y lo que callan, veremos si hay un básico conocimiento del derecho político, del constitucionalismo, de la noción de Estado, poder y sociedad. Veremos cuál es la importancia que se da a los derechos y a las libertades. Veremos si los candidatos responden a temas de fondo, o si les basta la entrevista superficial, la sonrisa de circunstancia y el discurso de barricada. Veremos.

I.- El derecho de propiedad.-  La actual Constitución reconoce, como derecho civil básico, el de propiedad independientemente de sus formas, ‘y mientras cumpla su función social’ (arts. 23, n 23 30 CP).

La legislación secundaria sobre el derecho de propiedad consta fundamentalmente en el Código Civil. Su art. 599 dice que “el dominio, que se llama también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual y social”.

Sobre la propiedad agrícola, la CP (art. 267) dice que “El Estado garantizará la propiedad de la tierra en producción y estimulará la empresa agrícola...”.  Se reconoce y garantiza la propiedad intelectual, en los términos de la Ley y de los tratados y convenios internacionales (art. 30 CP). La única forma de afectar la propiedad es el caso de la expropiación “para fines de orden social determinados por la Ley”, expropiación que debe hacerse  por las instituciones del Estado, mediante el procedimiento y en los plazos que señalen las normas procesales... previa justa valoración, pago e indemnización. (art. 33 CP). La Constitución  y múltiples tratados y convenios internacionales suscritos por el Ecuador prohíben en forma absoluta y terminante toda forma de confiscación, esto es, la supresión o traslado de la titularidad de la propiedad a otro sector de la economía sin el consiguiente pago e indemnización.

Preguntas:  ¿En los proyectos de nueva Constitución, en las propuestas de los candidatos hay alguna que suprima, modifique, condicione o altere el régimen de propiedad sobre los bienes muebles o inmuebles? ¿Qué se propone sobre la propiedad intelectual, qué sobre la propiedad y garantía a las inversiones nacionales y extranjeras? ¿Hay alguna tesis o idea diferente sobre la función social de la propiedad, y cuáles son sus fundamentos? ¿Los cambios, de haberlos, qué sustentos tienen?

II.- El papel del Estado en la economía.- Las reformas constitucionales de 1998 definieron el papel del Estado en la economía y frente al mercado, y caracterizaron su gestión en torno a los principios de: a) garantía a las actividades económicas a través de la Ley y las instituciones; b) igualdad de tratamiento a la inversión pública y privada; c) sistema de planificación descentralizado, obligatorio para el sector público y solamente indicativo para el privado; d) impulso a la libre competencia, prohibición y sanción a los monopolios; e) protección al consumidor, promoción del empleo;  f) promoción de la empresa comunitaria y de autogestión. En general, el Estado es regulador y tiene tareas subsidiarias que cumplir  cuando lo demande el interés general (arts., 242, 243, 244, 245 y sigs. CP).

Preguntas: ¿Cuál será el papel del Estado ? ¿Se convertirá en agente principal de la economía en los temas a cargo de la empresa privada? ¿Hay alguna propuesta sobre el papel, actividades y responsabilidades de las empresas públicas? ¿Las FF.AA. seguirán realizando actividades empresariales y con qué fundamento? La planificación, instrumento esencial de los regímenes socialistas, ¿será vinculante para todos? ¿Piensan en un Estado planificador, actor fundamental en el mercado, o regulador con papeles subsidiarios en la economía? ¿Qué papel jugará la empresa privada?

III.- Recursos energéticos.- Una de las tesis que se ha mencionado con insistencia es la ‘nacionalización’ del petróleo. Pero resulta que el petróleo y las minas están jurídicamente nacionalizados. El art. 247 de la CP dice que son “propiedad inalienable e imprescriptible del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo”. La explotación puede hacerla el Estado o a través de contratos con empresas públicas, privadas o mixtas.

Preguntas: En esa perspectiva, en qué consiste la ‘nacionalización’ de lo ya nacionalizado? ¿Se prohibirá o se permitirán los contratos para la exploración y explotación? ¿Podrá  Petroecuador con la persistente caída de la producción actual? ¿Se respetarán los contratos suscritos? ¿Cuál será el régimen de propiedad del subsuelo?

IV.- Concesión de servicios públicos.- El art. 249 de la CP dice que es de responsabilidad del Estado la provisión de servicios públicos de agua potable y riego, saneamiento, fuerza eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, etc. Dispone que podrá prestarlos directamente o por medio de la figura legal de ‘delegación’ a empresas mixtas o privadas, mediante concesión, asociación, capitalización, traspaso de acciones y otras formas contractuales. Este  artículo es especialmente importante, ya que salvo algunas concesiones, la prestación de los servicios públicos y su burocratización es uno de los dramas que soporta la ciudadanía, dada la nula cultura de servicio y la quiebra técnica de muchas empresas  prestadoras de esos servicios.

Preguntas: ¿Se modificará la normativa sobre concesiones, quedará todo a cargo de un Estado  ineficiente? ¿Se prohibirán las llamadas privatizaciones? ¿Se respetarán los actuales contratos? ¿Se propiciará su renegociación? ¿Se revertirán los tratados internacionales de protección a las inversiones? ¿Se anulará la intangibilidad de los contratos de concesión  consagrada en la CP (art. 249). Se esperan respuestas e ideas.

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