?MANDATOS ABSOLUTOS? PDF Print E-mail
Written by Fabi?n Corral B. - El Comercio   
Friday, 17 August 2007 11:20
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El poder es la posibilidad de hacer daño”, escribió con cierto dramatismo Kurt Hold. Sin desconocer, ni mucho menos, la necesidad del Estado, es verdad, sin embargo, que el poder, con frecuencia, puede ser un instrumento para oprimir, puede convertirse en una herramienta para atrapar a la sociedad en concepciones ideológicas y un arma para menoscabar las libertades individuales.
Los sistemas democráticos han buscado aminorar los riesgos de la acción de gobiernos y parlamentos con la figura de la representatividad de los ciudadanos dentro de reglas preestablecidas, y además, con los sistemas de rendición de cuentas, derivación directa de la responsabilidad política que solo se da cuanto ella es limitada y no absoluta. Por su parte, el liberalismo político ha luchado contra la extensión del poder y la arbitrariedad. Su mejor invento fue el Estado de Derecho, que es aquel en el cual “la Constitución está por encima de los jefes”, sean caudillos, presidentes, autócratas o asambleístas.

l.-La representación no puede ser ilimitada.- La democracia directa en una sociedad de masas es absolutamente inviable, por eso se inventó la democracia representativa, en la que el pueblo elige mandatarios -presidentes y legisladores- que actúan por él y que responden ante él del ejercicio de un poder limitado y concreto, que no les pertenece. La representación política es necesaria para darle funcionalidad esencial al sistema. Implica que tal representación debe ser incuestionable y real, esto es, “legítima”, pero, además, no puede ser ilimitada en ningún caso.

La representación ilimitada -el cheque en blanco- implica que la sociedad transfiere sin beneficio de inventario todas sus facultades a los gobernantes, diputados o asambleístas. Supone una abdicación de la condición misma de ciudadanía en favor de mínimos grupos de poder y la desaparición práctica de las garantías de las personas, porque todo queda en manos de los poderosos. Thomas Hobbes, uno de los padres del totalitarismo, propuso esa tesis mucho antes de la Revolución Francesa. Totalitarismo significa concentrar poderes totales en un órgano del poder, significa además invadir con la política los ámbitos de autonomía personal. Se resume en aquello de “nada fuera del Estado, todo dentro del Estado, nada contra el Estado”.

Por otra parte, nadie puede asegurar que quienes concentren poderes  sean genuinos representantes del pueblo o simples gestores de grupos de interés o sectores ideológicos que carezcan de autoridad moral para perfilar una estructura política. La pregunta es si los gobernantes absolutos, o los diputados absolutos, son representantes legítimos de la voluntad general. La pregunta es si pueden o no equivocarse, o si el hecho de las elecciones les atribuye potestades morales de veracidad y honradez casi divinas e incuestionables. ¿Puede divinizar a los hombres la elección popular?

II.- La arbitrariedad de la representación.- La única garantía para que los representantes de la sociedad no incurran en la arbitrariedad, es que sobre ellos exista una norma jurídica independiente que les vincule y un conjunto de responsabilidades que deriven de la ruptura de tal norma. De allí nace el concepto de Estado de Derecho, el fundamento del constitucionalismo y el principio de legalidad que debe enmarcar la acción política.

En el Derecho Público hay un axioma que sintetiza este tema: “Solo se puede hacer lo que está expresamente previsto por la norma”. Se trata de facultades de carácter atributivo -alguien las asigna o atribuye- por no ser connaturales o propias del órgano ni del funcionario que las ejerce. Por lo mismo, deben ser circunscritas y no absolutas.

La arbitrariedad significa decirle al órgano del poder y a sus personeros, “que pueden hacer todo lo que según su libre arbitrio se les ocurra”. Vincular el libre e ilimitado arbitrio de funcionarios o políticos de cualquier origen con el poder es volver a los tiempos del rey Luis XIV de Francia que, con la arrogancia propia de los soberanos absolutos, decía “el Estado soy yo”. En nuestro tiempo, nadie, ni un caudillo ni una colectividad, pueden decir aquello.

La arbitrariedad en el ejercicio de cualquier representación deriva en abusos contra las libertades de los ciudadanos, porque quienes quedan así investidos, ofician no una tarea circunscrita por reglas anteriores e independientes, que no pueden rebasar, sino una especie de rito y de descubrimiento de la “divinidad política”. Como no tienen límites legales  ni se sujetan al principio de responsabilidad, tienden a creer que están poseídos por una especie de monopolio de la verdad y de la legitimidad, germen de todas las dictaduras.

III.- ¿Está el pueblo sometido a la Constitución? Este es uno de los temas más complejos de la teoría constitucional. En efecto, hay la tendencia a creer que los deseos del pueblo no se sujetan a la Constitución, que las reglas no operan para la mayoría ni para sus representantes. Y que una mayoría puede patear el tablero institucional sin problemas ni de legalidad ni de legitimidad.

Los norteamericanos y los europeos, cada cual a su modo, han concluido que “incluso los deseos del pueblo están sometidos a la Constitución”. Que el Estado de Derecho y sus principios prevalecen sobre las mayorías electorales. Que ni siquiera esas mayorías pueden violentar los derechos de las personas, que están sobre el poder.

Este es el tema de fondo que se va a discutir en el Ecuador. Es decir, si el Derecho Constitucional está o no sobre la política, o, dicho de otro modo, si el entrampamiento político le exime al país de someterse a las reglas de la Constitución o no. Tradicionalmente, el país se ha exonerado de cumplir las reglas y ha tirado por la borda las constituciones cuando han incomodado a los procesos políticos o a las tendencias electorales o a la euforia de los gobernantes. Velasco Ibarra justificó una de tantas rupturas del Estado de Derecho alegando que la Constitución era la camisa de fuerza que le habían puesto las oligarquías. Los militares tumbaron con frecuencia constituciones alegando la necesidad del “nuevo orden”,  o apelando a la revolución nacionalista. Esta ha sido la historia del Ecuador y probablemente una de las explicaciones de que tengamos 19 cartas políticas.

La pregunta de fondo, latente en el Ecuador, es si es o no legítimo en un Estado constitucional un “golpe de estado del mismo pueblo”, o más bien, de la democracia tumultuaria, o si, al contrario, la participación que la CP reconoce a la ciudadanía (arts. 98 a 117), debe canalizarse necesariamente por las vías institucionales previstas en la Carta Política. La cuestión es si aquella ficción política que es el pueblo está o no vinculado por la reglas o si puede exonerarse de ellas y atribuir a sus representantes facultades absolutas, incluso para imponerle reglas cuyo contenido nunca se debatió previamente.


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