Me complace darles la bienvenida a este foro de discusión organizado por el Instituto Ecuatoriano de Economía Política para analizar y debatir un tema de tan trascendental importancia como lo son las Reformas a la actual Constitución.
Para quienes no nos conocen, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, a través de los diversos medios de comunicación como lo constituyen la televisión y la radio, así como mediante este tipo de foros de discusión, se propone divulgar entre el público la importancia de limitar el poder de los gobiernos, el Estado de Derecho y la comprensión de cómo funciona el libre mercado.

Durante este nuevo régimen, el Congreso allanó el camino para la Consulta Popular, cuya misión, según el gobierno, es viabilizar la conformación de una Asamblea Constituyente de plenos poderes. Este acto está enmarcado y en concordancia a lo ofrecido por el actual Presidente Constitucional.

Es evidente, que la ciudadanía concurrirá a las urnas sin saber qué es lo que se quiere cambiar, qué es lo que se va a cambiar. El Ejecutivo no ha presentado aún una agenda básica con los puntos que desea instituir en la posible Asamblea Constituyente y los mecanismos para impulsar la próxima consulta, no han logrado consenso entre los juristas acerca de su legalidad. Tan solo se ha apostado a una reforma. Se evidencia cómo aún se cree que un nuevo orden legal por sí solo va a propiciar los cambios anhelados por la sociedad.
En estas circunstancias, la probable Constituyente no va a ser sino el reflejo de los grupos ya políticamente constituidos y eso puede generar más problemas: ¿cómo pueden estar capacitados para definir, dentro de límites difusamente establecidos o sin ellos, lo que cada uno de nosotros necesita? Serán graves los efectos legales posteriores en estas condiciones.
La primera característica de una constitución es que el gobierno esté facultado para realizar sólo lo que expresa y taxativamente ésta le concede. En nuestro país, la legalidad, el apego irrestricto a ella, es letra muerta. Tanto el Congreso como el Ejecutivo han desbordado la actual Constitución de acuerdo a sus intereses. El poder judicial no ha podido limitarlos. Es más, como país concebimos que las constituciones sirvan para otorgarles más poder, más facultades a los gobiernos.

Realmente, el poder constitucional sirve para proteger el derecho civil de cada uno. El gobierno no debe convertirse en violador de los derechos individuales; más bien debe garantizar que las relaciones entre personas se realicen libre y voluntariamente y que el recurso de la coacción y la fuerza estén ausentes en su accionar.
Sin embargo con aquella visión constructivista, que nuevamente se nos impone, es como se conceptualiza a las constituciones con el poder de ampliarles facultades a los mandatarios. Se ha quitado todo límite al poder. En general en Latinoamérica, se sustenta que todo se resuelve con la ley; que toda actividad debe ser regulada por la ley.

Mas, la riqueza, el bienestar lo crean los individuos, no los gobiernos. Ellos deben establecer condiciones para alcanzar prosperidad de acuerdo a las potencialidades individuales.
En cambio, el colectivismo pretende que los gobiernos garanticen salud, educación, vivienda, etc. Ello, es materialmente imposible, aunque políticamente correcto.
Proponemos un gobierno limitado porque va acompasado de una saludable división de poderes, de acuerdo a la tradicional y clásica teoría republicana: que unos poderes controlen a otros, a manera de contrapesos. Así, el Congreso debe fiscalizar y legislar; la Función Judicial, definir e interpretar la constitucionalidad de las leyes dictadas en el Congreso y el Ejecutivo. Esto va en contra postura a la teoría de la voluntad soberana depositada y cuestiona la tendencia a concebirla como un ente con visión propia.
Quienes valoramos la libertad, debemos restaurar al individuo en el sistema legal. No se trata de defender solo facultades legales sino las libertades individuales. Debemos estar alerta a la Asamblea Constituyente para que no se convierta en un foro ideológico.

Finalmente, quiero enfatizar que al IEEP, como institución defensora de los derechos individuales, de la seguridad jurídica, del Estado de Derecho, le aterra una Asamblea Constituyente de poderes ilimitados por la forma como están sucediendo los hechos en el resto del mundo a partir de esta no tan nueva pero malsana tendencia de regularlo todo. Es un peligro darle a un grupo de personas la capacidad de amplia decisión sobre nuestras vidas.
No es cierto que los cambios lo han dado las constituciones, la normativa, la legalidad; aquellos han sido inducidos a través de los individuos en un marco de libertad. Muchas veces, las leyes nos han encerrado; han dividido a la sociedad, por eso realmente no desearíamos estar discutiendo de cambios a la forma, sino cómo alcanzar prosperidad o puntualizadamente, cuántos impuestos estamos pagando, cuánto crecimiento vamos a lograr. Los países desarrollados así lo hicieron y es un mal ejemplo argumentar las ventajas de un Estado benefactor al estilo europeo, pues ellos primero crearon las condiciones, distribuyeron la riqueza, pero al irles muy mal, están comenzando a retroceder en esta senda que poco a poco los está dejando sin capital.

Insistimos en cuanto a la falta de agenda. El actual Ministro de Gobierno, frente a los cuestionamientos periodísticos sobre cuáles eran las directrices maestras en la propuesta del Ejecutivo para una futura constituyente, replicó casi asombrado que ya lo habían dicho muchas veces: educación gratuita, salud gratuita, derechos humanos. ¡Pero si todo eso ya está en la Constitución! Y si muchas de esas garantías, ya constan: ¿a qué vamos a una Consulta?
Aspiramos a beneficiarlos con este foro y que de aquí salgan más y mejor informados. Me enorgullece el hecho de su presencia. Mis agradecimientos y los invito a participar activamente con preguntas, comentarios. Al recordarles que el IEEP es una institución privada, independiente, sin fines de lucro, les reitero nuestro compromiso de seguir promoviendo foros de discusión sobre los principales problemas que afectan a la sociedad ecuatoriana en busca de soluciones factibles de implementar.

Econ. Dora de Ampuero
Guayaquil, febrero 15 de 2007