El contrabando seguramente no va a parar, en tanto que se habrá violentado un derecho fundamental del ser humano, su derecho de propiedad. De nada valen todos los años de trabajo y los recursos invertidos por estas personas, simplemente los gobernantes llegan y expropian. .

Gran preocupación sienten los propietarios de las estaciones de servicio de las provincias fronterizas de Loja y Zamora Chinchipe, pues el gobierno nacional decidió expropiar sus negocios como medida para erradicar el contrabando hacia los países vecinos y garantizar el abastecimiento local de los combustibles. Una política errónea que pone en evidencia que los funcionarios de gobierno desconocen como funciona el mercado y el rol que juegan los incentivos en nuestras decisiones.

El contrabando seguramente no va a parar, en tanto que se habrá violentado un derecho fundamental del ser humano, su derecho de propiedad. De nada valen todos los años de trabajo y los recursos invertidos por estas personas, simplemente los gobernantes llegan y expropian.

La venta de combustible es un negocio como cualquier otro, los propietarios de las estaciones venden su producto a quienes mejor paguen por el, en este caso a los intermediarios que colocan la nafta al otro lado de la frontera donde se paga un precio superior a los 3 dólares por galón (Localmente el precio borde los 2 dólares).

Las ganancias derivadas del negocio del contrabando son significativas y son un fuerte incentivo para que personas, buscando mejorar su nivel de vida, crucen la barrera de la legalidad. La racionalidad nos indica que mientras sea lucrativo vender gasolina a los países vecinos habrá contrabando, y si por medidas como está las estaciones de servicio no pueden venderles a los contrabandistas, seguramente habrá alguien más que lo haga. Los incentivos son muy grandes en un país con niveles bajos de ingreso.

Si el gobierno pretende eliminar el contrabando, equivoca el camino al cerrar nuestras fronteras y amedrentar a nuestros empresarios. El problema se resuelve atacando la causa del mismo: Los subsidios estatales a los derivados de petróleo.

El petróleo al igual que sus derivados tienen precios elevados como consecuencia de un aumento en la demanda internacional. Colombia y Perú tienen los precios de sus combustibles sincerados, es decir a niveles que reflejan esta coyuntura, pero Ecuador no, y tanto la gasolina como el gas licuado de petróleo se venden al interior del país a un valor inferior al de sus vecinos.

En el subsidio a los combustibles se gastaron más de 2500 millones en el 2011, recursos estatales que no benefician a los pobres, sino que sobre todo lo aprovechan la clase media y alta, por lo tanto no se justifica su permanencia. Este dinero podría ser mejor invertido en políticas de seguridad ciudadana, que tanto hacen falta en una nación con altos índices de violencia.

Si queremos acabar con el contrabando debemos eliminar los subsidios distorsionantes que tanto cuestan a los ecuatorianos. Atentar contra los derechos ciudadanos no es la mejor política, pues se está enviando el mensaje de que Ecuador no es el mejor país para emprender. Ojalá entiendan nuestros gobernantes.

El autor es Investigador Asociado al IEEP y catedrático de la Universidad Espíritu Santo.