30/10/2017
Farith Simon
Con certeza no soy el primero en decirlo, Moreno parece estar cambiando las cosas para que todo siga igual. Un gatopardismo criollo que se corresponde plenamente a la frase de Giuseppe Tomasi “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. Es un cambiar sin alterar las estructuras de poder.
Existe un innegable cambio de estilo, fin de la violencia verbal, la descalificación permanente, la prepotencia intelectual y la estulticia de muchos que usaron el poder como si lo público fuese suyo, permitiendo, por acción u omisión, el latrocinio y el despilfarro de bienes y recursos públicos.
Se han cambiado personas en puestos clave, modificado prácticas, introducido nuevas formas de hacer las cosas que, luego de estos años, hasta nos parecen extraordinarias, como dialogar o rendir cuentas.
Nada es fácil en este contexto político y económico, se hace complejo enfrentar al desmesurado aparato estatal y las lealtades y culpas, a eso –muchos- incondicionales del pasado que se encuentran en puestos clave, enfrentado a los intereses políticos y económicos en juego.
Estas señales de cambio contrastan con algunas de las acciones de Moreno: apoyar al Presidente del Consejo de la Judicatura (responsable del control judicial), sostener al equipo económico del anterior régimen y tomar medidas para incrementar los recursos públicos, pero no para promover una real mejora en la economía o defender al expresidente del IESS.
A las muchas señales contradictorias se suma la “sustitución” del infame Decreto 16 (739), la expresión más elaborada de la búsqueda de control de la sociedad civil y de la arbitrariedad estatal. Como se denunció, lo hecho por el régimen de Correa violentaba la libertad de asociación, regulando derechos por medio de decretos, cuando esto podía hacerse únicamente por una ley; con restricciones que no tenían una finalidad legítima, medios gravosos y desproporcionadas. Reglas que se usaron contra varias organizaciones por ser críticas al régimen.
Moreno, con su Decreto 193, mantiene restricciones a derechos en una norma secundaria. Si bien se modifican aspectos relevantes (como el poder estatal de introducir cambios en los estatutos de las organizaciones, reduciéndose las exigencias de información, modificándose las causales de disolución, aquellas que dotaban una amplia discrecionalidad para decidir el cierre forzoso de una organización), se mantiene la posibilidad de cierre administrativo, con reglas que pueden ser usadas para restringir de manera ilegítima los derechos de asociación y expresión.
Se cambia, sí, pero se mantiene el poder del Ejecutivo para controlar a las organizaciones por medio de unas reglas secundarias y discrecionales. Claro que es mejor que la situación anterior, pero se siguen irrespetando los compromisos internacionales en derechos humanos y otorgando un poder indebido al Estado, poniendo parches sin modificar lo fundamental.
*Este artículo fue originalmente publicado en El Comercio
